Algunos de los temas incluidos en el decreto presidencial siguen sin estar plasmados en un proyecto de ley para que el Poder Legislativo comience a discutirlos
El Poder Ejecutivo convoca a sesiones extraordinarias «cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera». Así lo establece la Constitución Nacional. Al parecer, para Alberto Fernández, son 28 los temas «urgentes» que debían debatirse en el Congreso antes del 1 de marzo.
Su «gravedad» era tal que convocó a extraordinarias para la última semana de enero y todo febrero. Pero algunos de esos temas -todos ellos de corte económico- siguen sin estar siquiera plasmados en un proyecto de ley para que el Congreso comience a tratarlos. Se quedaron, apenas, en anuncios.
Fernández colocó en ese listado de temas a tratar antes del 1 de marzo la creación de un parque nacional; el pliego de Daniel Rafecas para que quede al frente de la Procuración General de la Nación -que permanece paralizado en el Senado desde marzo del 2020-, y el Juicio Político contra la Corte Suprema de Justicia, a sabiendas de que los números para su aprobación en el Congreso no están ni por asomo. Las prioridades del Ejecutivo son variopintas.
Un mes atrás, era la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, quien en su habitual conferencia de prensa de los jueves enumeraba uno por uno los 27 temas que quedarían habilitados a ser tratados entre el 23 de enero y el 28 de febrero.
Luego, cuando se conocía la condena por el asesinato de Lucio Dupuy, Fernández sumó la ley que crea Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA), conocida como «Ley Lucio», al ser empujada en Diputados a partir de ese y otros casos similares.
Entre los 27 temas que enumeró Cerruti inicialmente, mencionó tres temas que todavía no tienen forma de proyecto de ley.
Por un lado, Cerruti hizo mención de un proyecto «por el cual se modifica la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, en función del artículo 170 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto N°11.672».
La inclusión de ese ítem, se daba por descontado, hacía alusión a una reasignación de partidas en el Presupuesto 2023 luego de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la pelea por la coparticipación. Se esperaba que, de la mano de ese proyecto, apareciera otro que le permita al Ejecutivo recaudar fondos para afrontar la decisión de la Corte que le dio la razón al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.
Se supo que el ministro de Economía, Sergio Massa, trabajaba para que el fallo se afronte con la creación de un impuesto directo sobre la utilidad de los bancos por sus inversiones en Leliq y la suba de las alícuotas del impuesto al juego. Pero, al menos hasta ahora, no hay novedades en ese sentido.
A la lista de proyectos inexistentes, pero en apariencia urgentes, se le suman otros. Por un lado, el decreto de Fernández habla de «Proyectos de Ley para la Promoción de nuevas energías, e inversiones con valor agregado en el sector energético».
Otro proyecto de ley que apenas se conoce por su título, y por un brief que hicieron circular desde el Ministerio de Economía, es el de Exteriorización del Ahorro Argentino. En otras palabras, un blanqueo de capitales. Se trata del proyecto en el que Massa viene trabajando desde diciembre pasado, tras la firma del intercambio con Estados Unidos para las cuentas sin declarar.
